ESTADO DE EMERGENCIA

El Gobierno sostiene que la decisión busca reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado, aunque especialistas advierten que podría tener como trasfondo el intento de frenar las protestas antigubernamentales previstas para los próximos días, entre ellas la marcha del sábado 25 de octubre. Durante el periodo de emergencia, se aplicarán controles de identidad en calles, viviendas y vehículos, además de operativos de búsqueda de requisitoriados y decomiso de armas, explosivos y pirotécnicos ilegales.

La norma también prohíbe que dos adultos circulen juntos en motos lineales y dispone traslado a depósito de vehículos con placas falsas o documentación adulterada. En paralelo, se reforzarán las unidades de flagrancia del sistema judicial y se brindará protección especial a magistrados y fiscales que investiguen casos de criminalidad organizada.

Asimismo, todo evento masivo —religioso, deportivo o cultural— deberá contar con autorización previa de las autoridades locales, mientras que las reuniones no masivas podrán realizarse sin permiso. El decreto establece además la realización de pruebas de polígrafo a personal del INPE y operativos de fiscalización de insumos químicos empleados en la elaboración de drogas, como parte del plan integral de seguridad anunciado por el Ejecutivo.