ESTADO DE EMERGENCIA EN PIURA, SULLANA Y TALARA

Por Redacción Lima | Acert Canal 

Lima, 08 Diciembre de 2025 – Acert Canal

El Gobierno oficializó la declaración de estado de emergencia en las provincias de Piura y Sullana, y evalúa extenderla a Talara, ante la escalada de violencia que golpea al norte del país. La decisión, anunciada por el presidente José Jerí, busca replicar el modelo aplicado este año en Lima, Callao, La Libertad y zonas fronterizas, centrado en reforzar la presencia policial, agilizar intervenciones y ampliar las capacidades de inteligencia.

La región atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Solo en el último semestre, los reportes policiales muestran un incremento significativo de delitos violentos, especialmente en Sullana, donde operan bandas que controlan sectores urbanos y rurales, y en Talara, afectada por actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas y al entorno petrolero. En su visita a Piura, el mandatario supervisó equipamiento entregado a la policía y aseguró que el estado de emergencia será “una herramienta adicional” para enfrentar a las organizaciones delictivas.

Resultados mixtos del modelo aplicado en otras regiones

La estrategia gubernamental se basa en la experiencia reciente de estados de emergencia en Lima, Callao y La Libertad, donde se registraron reducciones iniciales de algunos delitos, especialmente robos a mano armada. Sin embargo, esos avances no se sostuvieron en el tiempo: los índices volvieron a subir y las extorsiones, uno de los delitos más extendidos, no lograron disminuir de manera consistente.

Las limitaciones del modelo obedecen a que se trata de una medida temporal que actúa sobre la capacidad operativa de la policía, pero no sobre las condiciones sociales que alimentan el crimen. Además, la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio o la libertad de tránsito ha generado cuestionamientos por riesgos de abusos policiales y falta de controles suficientes.

Factores que sostienen la delincuencia en Piura

El repunte de la criminalidad en Piura no puede entenderse solo como un fenómeno policial. Existen condiciones estructurales de larga data que facilitan el crecimiento de bandas y el reclutamiento de jóvenes:

Pobreza y desigualdad: zonas enteras de Piura y Sullana carecen de servicios básicos y oportunidades, lo que vuelve a la población más vulnerable a la cooptación criminal.
Alto desempleo juvenil: gran parte de los detenidos por delitos en la región son jóvenes sin acceso a empleo estable ni formación técnica.
Tráfico de drogas: el territorio es un corredor clave para rutas ilegales que conectan con la frontera norte.
Débil sistema de justicia: la baja capacidad para resolver casos alimenta la percepción de impunidad y permite que las bandas se reorganicen rápidamente.

Una respuesta que aún no aborda el fondo del problema

Aunque el presidente Jerí anunció inversiones en infraestructura y equipamiento policial, no se ha presentado una estrategia que incluya prevención del delito, programas sociales o acciones sostenidas para reducir la vulnerabilidad económica. Del presupuesto asignado para seguridad en 2026, apenas una fracción está destinada a iniciativas de reinserción o capacitación laboral.

Organizaciones civiles del norte han respaldado la intervención policial, pero advierten que sin un plan que aborde educación, empleo juvenil y fortalecimiento de la justicia, los estados de emergencia se convertirán en parches que solo calman momentáneamente la violencia.