El Ejecutivo propone nuevas figuras penales para reforzar la lucha contra la extorsión y el crimen organizado.
Por Redacción Lima | Acert Canal
Lima, 17 Noviembre de 2025 – Acert Canal
El Gobierno evalúa un nuevo paquete de reformas legales orientadas a reforzar la lucha contra la criminalidad organizada, ante los resultados aún limitados de las acciones ejecutadas en los últimos meses. Según reveló el periodista Fernando Vivas en El Comercio, el presidente José Jerí alista un conjunto de modificaciones normativas que buscaría aprobar mediante facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Por lo tanto, las propuestas, impulsadas por la Dirección General Contra el Crimen Organizado (DGCO), que encabeza Silvia de la Cruz, incluyen cambios al Código Procesal Penal para permitir que policías especializados participen en audiencias de prisión preventiva en calidad de soporte técnico del Ministerio Público. Asimismo, se plantea endurecer las penas vinculadas a la minería ilegal y sancionar el tráfico de minerales provenientes de esta actividad.
Asimismo, el paquete también contempla reformas a la Ley de Protección de Datos Personales, con el objetivo de facilitar el intercambio de información entre entidades públicas, bancos y gremios, bajo criterios estrictos de confidencialidad. También, en el ámbito digital, se propone penalizar la compra, venta y tráfico de bases de datos robadas, así como sancionar tanto el robo como la comercialización de información personal.
Una de las principales novedades es la creación del delito de “solicitud extorsiva”, que permitiría perseguir penalmente amenazas efectuadas por llamadas telefónicas, mensajes o uso indebido de datos personales, incluso cuando no exista agresión física. Ante ello se suma la propuesta de crear el Fichero Nacional de Titularidades Financieras, herramienta que brindaría a fiscales y policías acceso a información bancaria relevante en investigaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por ello, el Ejecutivo también plantea incorporar el delito de revelación de información reservada por parte de funcionarios públicos, con el fin de evitar filtraciones que comprometan operativos o procesos judiciales.
Finalmente, especialistas advierten que el comercio de productos falsificados continúa expandiéndose, alcanzando niveles comparables al tráfico de cocaína. Entre ellos destacan los cigarrillos adulterados y la distribución de ropa de segundo uso, actividades que, según investigaciones, estarían siendo aprovechadas por organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC).